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La Ley 15/2015, de 2 de julio, sustancialmente el sistema de tutela pública no contenciosa de las posiciones jurídico privadas. Dicha reforma tiene como eje fundamental el establecimiento de un nuevo régimen de distribución de la competencia para la resolución de los expedient distintos funcionarios públicos del ámbito jurídico: jueces, notarios y registradores. La cuestión reviste un notable interés en el campo del Derecho de sociedades, en el que resulta habitual el recurso a este sistema de tutela ante situaciones q encuentran solución por la vía de la actuación de las propias entidades afectadas: convocatorias de juntas generales de socios y asambleas de obligacionistas, nombramiento y revocación de auditores y liquidadores, disolución de la sociedad o reducción obligatoria del capital social. El tratamiento que dispensa la reforma a todos estos supuestos suscita numerosas cuestiones controvertidas de índole procesal y sustantiva.

 

Esta Jornada tiene como objeto analizarlas y debatirlas.