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La Ley General Tributaria que rige las relaciones entre la Administración y los contribuyentes, ha sido objeto de una relevante reforma con la Ley 34/2015, de 21 de septiembre. Entre otras novedades, cabe destacar un nuevo régimen de prescripción del derecho de la Administración a comprobar los actos y negocios jurídicos de los contribuyentes, así como la imprescriptible potestad administrativa de calificación jurídica. Del mismo modo se modifica el procedimiento inspector en lo relativo a su plazo de duración que podrá llegar a superar los tres años de duración y se recoge la posibilidad de sancionar los negocios y operaciones que tengan cabida en la figura del conflicto en la aplicación de la ley tributaria. Se crea la lista de morosos con una regulación que puede considerarse deficiente y se modifican aspectos relativos al delito fiscal. Todo ello junto con otras novedades no menores que merecen un análisis detallado.

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